ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD EN EL MOBILIARIO URBANO DE MADRID.

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El contrato para la gestión de la publicidad que se inserta en el mobiliario urbano de Madrid podría tener finalmente quien lo gestione. La Justicia ha obligado al Ayuntamiento de la capital a reabrir el concurso para el diseño, fabricación, montaje y explotación de 2.014 soportes de anuncios (entre ellos los conocidos popularmente como chirimbolos), declarado desierto el pasado mes de octubre, después de estimar el recurso de una de las dos empresas que se presentaron al proceso de adjudicación.

En concreto, será este jueves a las 9.00 horas cuando la mesa de contratación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible estudie la «oferta económica de los criterios valorables en cifras y/o porcentajes» que hizo Clear Channel. La compañía estadounidense tendrá una nueva posibilidad de asumir este servicio público presupuestado en 118 millones de euros durante los próximos 12 años.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló, con fecha de 4 de noviembre de 2015, el decreto emitido por el Gobierno de Manuela Carmena que declaró desierto un concurso heredado de la anterior Corporación local, dirigida por el PP. Según el fallo judicial, se debían «retrotraer las actuaciones» al momento en el que el organismo licitador podía solicitar «la subsanación o aclaraciones» de la documentación presentadas y valorar si procedía la oferta, tal y como adelantó El País.

El Ayuntamiento de Madrid apartó a Clear Channel de este proceso administrativo por no aportar «los cálculos técnicos de estabilidad y cimentación» exigidos. Además, su oferta fue rechazada porque incluía un «análisis del ciclo de vida» del mobiliario urbano a instalar «incompleto», según consta en el recurso interpuesto por la multinacional.En su resolución, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública argumenta que las condiciones del concurso «no han sido objeto de impugnación, por lo que se presume su legalidad y validez».

Los argumentos utilizados para fallar a favor de la empresa son que la documentación que aportó «no ha sido censurada como inviable o incoherente, como así exige el pliego para que proceda la exclusión», y que «el órgano de contratación optó por excluir la oferta sin solicitar o pedir una aclaración antes de tomar una decisión tan relevante y gravosa». A

la reapertura del proceso, en cambio, no podrá concurrir JC Decaux, la otra compañía que participó en el concurso municipal y adjudicataria actual del servicio de explotación publicitaria del mobiliario público, que también recurrió a la justicia. En su caso, se dan por buenas las razones que esgrimió el Área de Desarrollo Urbano Sostenible para retirar su candidatura del proceso.

El contrato pendiente de adjudicación contempla la renovación de 1.450 expositores con carteles en las dos caras, 190 contenedores de reciclaje de vidrio, 164 columnas, 160 soportes con pantallas digitales y la instalación de 50 aseos públicos. Antes de la resolución del tribunal, el Gobierno municipal estaba trabajando en «un nuevo procedimiento administrativo».

 

Fuente: http://www.elmundo.es

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