Las Directivas europeas sobre contratos públicos enumeran, a modo de ejemplo, una serie de criterios en los que los poderes adjudicadores pueden basarse para determinar la oferta que resulte más ventajosa desde el punto de vista económico; como son el precio, el plazo de entrega o ejecución, el coste de utilización, la rentabilidad, la calidad,
En la reciente Resolución nº 663/2020, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 4 de junio, entre otros, se trata el relativamente frecuente supuesto de la falta de adecuación del requerimiento de justificación de baja anormal con las prescripciones indicadas en el artículo 149.4 LCSP. Según se dice en la misma, en el expediente
. La cuestión que se plantea consiste en determinar si se ajusta al ordenamiento jurídico el acto administrativo por el que la Mesa de Contratación excluye del procedimiento de adjudicación a una licitadora, porque, a pesar de haber ejercido su derecho de integrar su solvencia técnica mediante el empleo de capacidades y medios de terceros
. Conviene comenzar recordando la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales relativa al derecho de acceso al expediente de contratación, derecho que, si bien es cierto que no se recoge de forma expresa en la LCSE, sí que resulta aplicable a los expedientes de contratación sujetos a la misma en virtud de lo
– Traemos a examen varias cuestiones referidas a la suficiencia de los costes medioambientales y sociales de las ofertas de los licitadores, a su valoración por el órgano de contratación y a la posibilidad de excluir alguna oferta en un procedimiento de adjudicación a la vista del resultado de la valoración efectuada. La primera cuestión
. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece en su artículo 82 que la clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. Añade la ley, no obstante, que “para la conservación
. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un documento de MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PROCESALES PARA EL PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA, en cuya versión de fecha 6 de mayo de 2020 propone atribuir a los tribunales y órganos administrativos de recursos contractuales competencias sobre las
. Es muy común en la actualidad la existencia de diferentes Registros de licitadores de las distintas Diputaciones provinciales, así como Registros municipales de licitadores. La finalidad general de los mismos consiste en facilitar la presentación de la documentación administrativa ante la correspondiente Diputación Provincial y, en su caso ante sus organismos autónomos, patronatos, fundaciones y
. El Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, establece en su disposición adicional octava: “Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del
. La Resolución nº 51/2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de 6 de febrero de 2019, ha tratado profundamente este controvertido tema del umbral de saciedad. Los llamados “umbrales de saciedad” son las distintas fórmulas matemáticas que se emplean para limitar la valoración de las ofertas y no conceder