LOS ERRORES ARITMÉTICOS. “ERROR DE CUENTA”.

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Se trata de un recurso especial presentado frente a la exclusión de la oferta por un error aritmético al reflejar la cantidad correspondiente al 21% del IVA; resuelto por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en su Resolución nº 114/2023, de 31 de agosto.

La mercantil recurrente manifiesta que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León excluye a la licitadora “ya que en su oferta aplica un IVA superior al legalmente establecido”. Como todos los licitadores, cumplimentó el `Anexo 5A oferta económica´, consignando la cantidad de 43.129,64 euros en la casilla `g´ del apartado tercero de dicho Anexo, correspondiente al IVA:

»f) Total de oferta 126.562,40 euros.

»g) 21% IVA 43.129,64 euros.

»Total oferta (f+g) 169.692,04 euros.

Añade que “es un hecho indubitado que el órgano de contratación debió rectificar el error de oficio o bien solicitar aclaración al licitador (aunque en este flagrante caso no haría falta ni la aclaración), en tanto en cuanto se cumplen todos los requisitos para poder subsanar una oferta económica: (i) consignar un IVA incorrecto es un error material, y no jurídico; (ii) es perceptible, sin necesidad de un razonamiento espinoso; y (iii) no modifica la oferta, pues la casilla relevante e inmodificable es la `f) total oferta´. Así, la simple operación matemática consistente en aplicar el 21% a la casilla `total oferta´ se lleva a término en escasos segundos, con lo cual esta parte no alcanza a comprender, dicho con el debido respeto, cómo el Servicio Público de Empleo de Castilla y León no emplazó a mi representada a subsanar la oferta, o no rectificó el error de oficio”.

Por otro lado, el informe del órgano de contratación se limita a exponer lo siguiente:

“La cláusula 33.2 del PCAP, determina que la oferta vinculante será cumplimentada por el contratista, de acuerdo con el modelo correspondiente del ANEXO Nº 5A, siguiendo las instrucciones recogidas en el ANEXO Nº 5B de este pliego, modelo que se encontrará disponible en el Perfil de contratante. El contratista adjuntará una descripción de la metodología que propone para realizar la prestación”.

» (..) La cláusula 33.6 del PCAP determina que no se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o imprecisiones que impidan conocer claramente lo que la Administración estime objetivamente fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del precio base de licitación de los servicios, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, y aún si existiese reconocimiento por parte del licitador de que la oferta adolece de error o inconsistencia, procedería la exclusión si éstos hicieran inviable la proposición, en cuyo caso será desechada por el órgano de contratación. Este requisito de la inviabilidad es de carácter objetivo, no dependiendo, por tanto, de la mera voluntad del licitador y debe ser libremente apreciado por el órgano de contratación sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

»En virtud de lo expuesto puede concluirse que el procedimiento cumple escrupulosamente con lo preceptuado por la LCSP considerando que deben desestimarse las pretensiones de la recurrente, no habiendo lugar a la anulación de la Resolución de Adjudicación y retroacción de actuaciones”.

Según expone el Tribunal, en este supuesto, la cuestión se centra en determinar si, al tratarse de un error manifiesto y evidente en la oferta económica presentada por la recurrente (no de la documentación administrativa general), concretamente en el cálculo del IVA del total de la oferta, es posible su aclaración o subsanación.

El principio antiformalista que preside la contratación del Sector Público permite al órgano de contratación solicitar aclaraciones a la oferta presentada, siempre que la misma incurra en defectos materiales o formales que puedan ser subsanados sin que ello resulte en modificaciones de aquella.

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, para el que, si en principio los principios de igualdad de trato y la obligación de transparencia se oponen a que una oferta pueda ser modificada después de su presentación, “(…) el artículo 2 de la Directiva 2004/18 —cuyos principios se recogen en la actualidad en el artículo 18 de la Directiva 2014/24— no se opone a que los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos” (STJUE de 10 de octubre de 2013 —C-336/12 “Manova”— § 32, STJUE de 11 de mayo de 2017 —C-131/16— “Archus y Gama” §29, STJUE de 28 de febrero de 2018 —C-523/16 y C-536/16 “Centostazioni-Duemme” §50).

Esta facultad del órgano de contratación se somete a varios requisitos, que, en síntesis, son:

– Que la petición de aclaración de una oferta no se formula hasta que la entidad adjudicadora haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas, y se dirija de manera equivalente a todos los licitadores que se encuentren en la misma situación.

– Que la petición de aclaración se refiera a todos los puntos de la oferta que requieran una aclaración.

– Que la petición no tenga como efecto que el licitador afectado presente lo que constituiría en realidad una nueva oferta.

– Que en el ejercicio del margen de apreciación de que dispone la entidad adjudicataria para solicitar a los licitadores aclaraciones sobre sus ofertas, debe actuar tratando a todos igualitariamente o con lealtad, de modo que no pueda concluirse que una petición de aclaraciones (o la ausencia de la misma) benefició o perjudicó indebidamente a uno o varios licitadores.

En la misma línea, cabe citar la Sentencia de 25 de mayo de 2015 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha considerado factible la subsanación de la documentación presentada para acreditar un criterio de adjudicación, siempre que estemos ante una acreditación documental que no suponga alteración de su oferta ni, por tanto, quiebra del principio de igualdad de trato ni de la libre concurrencia.

En este caso, es evidente que nos encontramos ante un error aritmético manifiesto que requiere una mera aclaración por la Mesa de contratación.

En los términos que hemos relatado, la jurisprudencia europea no se opone a que los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos.

El expediente administrativo muestra que la recurrente cometió un error aritmético al aplicar el 21 % del IVA al total de su oferta. Este error perfectamente podía corregirse o completarse por la Mesa de contratación mediante la oportuna aclaración o aplicando un simple cálculo matemático.

Este Tribunal considera que, en este caso -al contrario de lo afirmado por el informe del órgano de contratación-, no sería aplicable la cláusula 33.6 del PCAP ya que no nos encontramos ante un error que impide conocer claramente lo que la Administración estime objetivamente fundamental para considerar la oferta.

En este sentido, las Resoluciones de este Tribunal 43/2014 y 44/2014, de 5 de junio, analizan la improcedencia de excluir la oferta económica que incurre en simple error aritmético o de cuenta.

“En apoyo de esta solución puede traerse a colación la Resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales 278/2012, de 5 de diciembre, según la cual “(…) de acuerdo con el artículo 84 del RGLCAP, el error en el importe de la proposición sólo puede determinar la exclusión cuando sea `manifiesto´, y aún si existiese reconocimiento por parte del licitador de que la oferta adolece de error o inconsistencia, procedería la exclusión si éstos hicieran `inviable´ la proposición. A este respecto, es preciso reiterar el criterio señalado al respecto por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 30/2008, y asumido por este Tribunal, según el cual `Este requisito de la inviabilidad es de carácter objetivo, no dependiendo, por tanto, de la mera voluntad del licitador y debe ser libremente apreciado por la mesa de contratación. Se trata además de un concepto jurídico indeterminado por lo que deberá ser apreciado en función de las circunstancias que concurran en cada caso´. (…) Aplicando la doctrina expuesta a nuestro caso, de acuerdo con lo señalado en el fundamento anterior, observamos que el error cometido consiste en un error material de cálculo al determinar el importe total de la oferta que debe ser consecuencia de los importes unitarios ofertados para cada tipo de licencia, teniendo en cuenta el número de unidades a suministrar para cada una de ellas. En consonancia con ello, la mesa de contratación ha considerado que se trata de un error de cuenta, criterio que comparte este Tribunal. Así, el `error de cuenta´, de acuerdo con la doctrina civil, es el que se produce al operar en el cálculo matemático -como es el caso aquí examinado-, y de acuerdo con el artículo 1266 del Código Civil `el simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección´”.

Las circunstancias que concurren en este caso llevan a este Tribunal a considerar desproporcionada y excesivamente rigurosa la exclusión de la recurrente. El expediente administrativo acredita que nos encontramos ante un error aritmético, manifiesto, ostensible e indiscutible, que implica por sí solo la evidencia del mismo sin necesidad de mayores razonamientos y que se refiere a datos de la oferta que pueden depurarse sin modificar la declaración de voluntad de la licitadora.

Por lo expuesto, este Tribunal entiende que el órgano de contratación debe requerir a la recurrente para la aclaración de su oferta en los términos detallados en esta resolución.