LA INSCRIPCIÓN EN EL I.A.E. NO ACREDITA EL OBJETO SOCIAL.

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En este caso es el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en su Resolución n.º 098/2024, de 7 de marzo, quien resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto frente al acto de exclusión de un licitador del expediente de contratación del “Acuerdo Marco para el suministro de material bibliográfico en los centros de la red de lectura de la Comunidad de Madrid (2 lotes)”.

El acuerdo marco tiene por objeto seleccionar empresas para el suministro de material bibliográfico (libros) para los CENTROS DE LA RED LECTURA de la Comunidad de Madrid.

La acreditación de la personalidad y capacidad de obrar se lleva a cabo en los siguientes términos (punto 1.1. cláusula 16):

…1.- Acreditación de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del empresario en el momento de la presentación de la proposición…

La Mesa de contratación, en su sesión de 1 de febrero de 2024 establece como criterio: “Se fija como criterio por parte de la mesa que las empresas en cuyo objeto social no conste específicamente la compra y venta de libros no serán aceptadas a pesar de que la inscripción en el Impuesto de Actividades Económicas esté dentro del epígrafe “659.4 – Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública”, ya que dicho epígrafe es muy amplio y no justifica la capacidad de obrar de las empresas”.

En dicha sesión de la mesa, la mercantil recurrente es excluida porque “El objeto social de la empresa no se corresponde con el objeto del contrato”

Planteado el recurso especial, la recurrente alega que su objeto social comprende el objeto del contrato. En el objeto social de la Escritura de Constitución de la Sociedad consta el propio de un bazar: se comprenden juguetes, regalos, disfraces, bisutería, joyería, perfumería, artículos de fumador, artículos de puericultura para el bebé y la infancia, productos de mobiliaria y jardín.

Afirma que a pesar de que “en la escritura de constitución, no afirmamos de manera explícita la venta de libros, no obstante, como también hemos manifestado en el mismo expositivo, estamos inscritos en el IAE correspondiente, el 659.4, aquel que la Mesa desecha porque afirma que es “muy amplio”.

Contesta el órgano de contratación con el acuerdo de la Mesa consignado más arriba.

En cuanto al IAE es un tributo, no un instrumento para medir la capacidad jurídica de las empresas. Se cita un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, Informe 2/2013, de 23 de enero, que considera que “Los estatutos sociales de una empresa delimitan su objeto social, y por lo tanto su capacidad de obrar; y los certificados de alta y estar al corriente del IAE lo que acreditan es el cumplimiento por las empresas de sus obligaciones tributarias. Es decir, tales documentos constatan que la empresa ha realizado en algún momento tales actividades sometidas al IAE y ha cumplido con sus correspondientes obligaciones tributarias, pero ello no constituye el medio de delimitación del ámbito de actividades de una empresa, que podría haber realizado las mismas sin tener capacidad para ello”.

El hecho de que la recurrente haya sido adjudicataria de otros acuerdos marco o contratos celebrados por órganos de contratación distintos a la Consejería de Cultura, Turismo o Deporte no puede ser tenido en cuenta como justificación de su capacidad de obrar. Se acude a la discrecionalidad técnica de cada órgano de contratación.

Se recoge la definición de librería o librero de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros y de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: “persona natural o jurídica que se dedica, exclusiva o principalmente, a la venta de libros”,” más de la mitad de su facturación proviene de la venta de libros”.

Si acudimos al artículo 2 de los Estatutos de la compañía, documento adjunto a la Escritura de Constitución de la sociedad de fecha 13 de mayo de 2010, ésta tiene por objeto: el comercio al por menor, compra, venta y distribución de juguetes, regalos, disfraces, bisutería, joyería, perfumería, artículos de fumador y todo tipo de artículos de puericultura y para el bebé y la infancia, así como sus accesorios, complementos y recambios, artículos de ropa deportiva, y productos y mobiliario de jardín y exteriores.

En conclusión, la venta de libros no consta ni como actividad principal ni como secundaria, ni siquiera por analogía.

El artículo 65.1 de la LCSP dispone (condiciones de aptitud):

“…1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas…”

Y el 66.1 de la misma:

“…1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios…”

Por su parte el artículo 140.1 en cuanto al cumplimiento de los requisitos previos:

“…1. En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:

  1. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo indicado en el artículo siguiente, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

  1. º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella…”

Los contratos celebrados con empresas sin capacidad de obrar son nulos de pleno derecho (artículo 39 LCSP):

“…Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo. (…)

  1. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:

  1. La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71…”

Lo que exige la norma es que el objeto social de la licitadora se corresponda con el de la licitación, pero no una correspondencia literal, sino que el objeto del contrato esté “comprendido” dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios”.

A estos efectos es indiferente el epígrafe o epígrafes de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas en el que esté inscrito, que no se considera por la norma como una forma de acreditar la capacidad de obrar. Es más, la inscripción se produce por la declaración del sujeto a impuesto, sin perjuicio de las comprobaciones que se puedan verificar. La inscripción en el IAE no acredita el objeto social.

De las actividades recogidas en los estatutos, no se comprende la venta de libros.

La AEAT certifica que está dada de alta en el epígrafe IAE: 659.4 – comercio menor libros, periódicos, revistas. Sin embargo, el alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas no se admite por la LCSP como acreditativa del objeto social. Esta inscripción se produce por la mera declaración del empresario y tiene efectos tributarios, sin perjuicio de su comprobación por la administración tributaria.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso.