LA JUNTA DE EXTREMADURA PONE EN MARCHA LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA LICITACIÓN.

Todos los pliegos deberán incluir las medidas que plantea la nueva instrucción. Los empresarios confían en que se haga de manera “coherente y eficaz”.

Facilidades para que las pequeñas empresas puedan acceder a contratos con la Administración, cláusulas que protejan el empleo de calidad, iniciativas que alimenten la igualdad y propuestas que contribuyan con el medioambiente. Son los cuatro ejes que se desarrollan en la instrucción que se aprobó la semana pasada en Consejo de Gobierno, que ayer se publicó en el DOE y que ahora se tendrá que trasladar a los pliegos de todos los procesos de licitación de órganos dependientes de la Administración extremeña. El texto, una reivindicación de la patronal extremeña, articula por primera vez los criterios que deberán regir a partir de ahora los procesos de contratación pública, yendo un paso más allá de lo que determina la Ley de Contratos, al adaptar normativa europea en vigor desde 2008 –tres directivas que planteaban fórmulas para favorecer el acceso de las pymes a los contratos públicos– y que obligaba a incorporar criterios sociales y medioambientales y que solo se aplicaban hasta ahora de forma parcial.

“Ahora se deja muy claro que los contratos públicos son una herramienta de intervención social”, afirmó ayer a este diario el secretario general de los empresarios extremeños, Francisco Javier Peinado.

Esta instrucción es el punto de partida y serán los propios órganos de contratación los responsables de trasladarla a sus pliegos. “Esperamos que sea de una manera coherente y eficaz”, matiza Peinado.

La principal novedad para los empresarios es que “de una manera clara y específica” se define cómo promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Se aborda en el título segundo, en el que se desarrollan en doce puntos las claves para favorecer su participación. La fundamental, la división de los contratos en lotes como “regla general”.

DETERMINANTE Son pequeñas cuestiones pero en la patronal aseguran que pueden llegar a ser “determinantes” para las pequeñas empresas: reducción de cargas administrativas, simplificación de la documentación exigida o que el plazo para preparar ofertas sea el máximo posible, con el fin de que las empresas que tienen una estructura menor puedan también optar. Esta última era una de las principales reivindicaciones de los empresarios. Otra que se especifica ahora es una ponderación equilibrada de criterios más allá del precio: calidad técnica, social o medioambiental de las ofertas, innovación y vida útil de las obras, bienes y servicios.

“La propia Administración ha entendido que el criterio ‘precio’ no le ha beneficiado a la Administración y sí ha perjudicado al ciclo económico”, puntualiza el secretario general de los empresarios.

La instrucción también potencia la figura del ‘responsable del contrato’ –una figura que ya existe en los contratos públicos y que desempeñan los servicios técnicos– que deberá realizar además un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos por el contratistas.

Entre las medidas sociales que recoge, prioriza a las empresas que cumplan los convenios colectivos y que cuenten con planes de igualdad, medidas de conciliación o un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad. La calidad en el empleo y la promoción de la seguridad y la salud laboral también se convierten en elementos prioritarios en la adjudicación.

A todo esto hay que sumar el respeto al medio ambiente y sumarán puntos las empresas que minimicen el consumo de recursos naturales y las que opten por el reciclaje, la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables.

Fuente: El Periódico Extremadura.

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