LA JUNTA DE EXTREMADURA PRIORIZARÁ A LAS PYMES, EL EMPLEO Y LA IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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Simplificará trámites y licitará por lotes para facilitar la participación de pequeñas empresas. Gil Rosiña destaca que estos cambios servirán para reorientar la política económica.

La adjudicación de los contratos públicos ya no solo dependerá del precio. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la instrucción que regula la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, una medida con la que se pretende facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas de la región en los procesos de contratación que se abran por parte de la Junta de Extremadura, crear empleo de calidad y fomentar la igualdad o el cuidado del medio ambiente. Simplificar trámites administrativos y licitar por lotes “dentro de los límites legales” son algunos de los cambios que aplicará el Ejecutivo regional, que a la hora de adjudicar dará prioridad a las empresas que cumplan los convenios colectivos y que cuenten con planes de igualdad, medidas concretas de conciliación o un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad.

“Las políticas públicas de contratación deben ser un instrumento para orientar la política económica de una región y conseguir objetivos en diversos ámbitos”, explicó al respecto la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña. Según indicó, la intención del Ejecutivo es establecer una “adecuada compensación” en el retorno de los fondos públicos y que estos redunden en la creación de empleo, el fomento de la igualdad y unos servicios públicos de calidad. Para ello se establecen una serie de criterios sociales, medioambientales y de apoyo a las pymes que se aplicarán en todos los ámbitos de la Administración autonómica.

Facilitar el acceso de las pequeñas empresas a los procesos de licitación que abra la Junta de Extremadura es uno de los principales objetivos que se persigue, “muy importante”, según Gil Rosiña, puesto que el 98% del tejido productivo de Extremadura está compuesto por este tipo de sociedades. Para ello se pretende mejorar la calidad y comprensibilidad de la información que la Administración proporciona a las empresas en materia de contratación pública, así como posibilitar la licitación en lotes “dentro de los límites legales”. La Junta tratará además de simplificar al máximo la documentación a aportar por parte de las aspirantes a la hora de presentarse a un concurso.

EMPLEO DE CALIDAD El “segundo gran objetivo” de las cláusulas sociales será la calidad del empleo. “No solo hace falta crear más empleo, sino que este tiene que ser de calidad porque hoy hay en nuestra región muchos trabajadores pobres y muchas trabajadoras pobres”, afirmó Gil Rosiña. En este ámbito el objetivo es garantizar el respeto a los derechos laborales y los convenios colectivos, así como la promoción del empleo de las personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. La calidad en el empleo y la promoción de la seguridad y la salud laboral serán también “objetivos prioritarios” para la adjudicación.

Con la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública se pretende además dar “un impulso decidido” a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de forma que también se valorará el hecho de que las empresas tengan contratado a un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad, la presentación de un plan de igualdad o el establecimiento de medidas concretas de conciliación. “Estamos obligados a hacerlo. Hace falta empleo de calidad y en el caso femenino, empleo de calidad con mayúsculas y en igualdad de condiciones”, dijo Gil Rosiña, que recordó que Extremadura es actualmente la comunidad con la mayor brecha salarial de España, el 25,14%.

A todo esto hay que sumar el respeto al medio ambiente, pues también sumarán puntos las empresas que minimicen el consumo de recursos naturales y la generación de residuos, las que opten por el reciclaje, la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables.

Aunque el trámite de ayer viene a dar formalidad a la medida, Gil Rosiña destacó en su intervención que estas cláusulas sociales se han aplicado a todas las licitaciones que se han producido desde el cambio de gobierno, y como ejemplo citó el contrato de seguridad y limpieza de la sede de la Presidencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz.

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