La nueva fórmula económica para la licitación de carreteras que aprobará el Ministerio de Fomento golpeará especialmente a las grandes constructoras, como Ferrovial, ACS, OHL, FCC, Sacyr o Acciona, cuyo negocio, no obstante, está cada vez más fuera de España.

Según explican fuentes sectoriales, estas firmas “hacen valer su nombre y la calidad acreditada para ganar puntos con respecto a otras empresas con menos reconocimiento en la Administración Pública”. No en vano, la patronal Seopan siempre ha pedido que la técnica tenga más peso.

El cambio en el modelo de contratación provocará que la puntuación económica sea lineal y no quebrada, como hasta ahora, lo que hará que el precio tome aún más preponderancia sobre la parte técnica. La oferta económica seguirá pesando un 70% en el caso de los contratos de servicios de carreteras (explotación y conservación, entre otras) y un 60% en el de las obras. Con la nueva metodología, sin embargo, las propuestas económicas recibirán puntuaciones más distantes entre sí, lo que provocará que para hacerse con la adjudicación las empresas tendrán que ajustar más el precio y, en consecuencia, las bajas serán más pronunciadas.

Hasta ahora, como las diferencias en la parte económica eran menores, las grandes constructoras podían llevarse los contratos gracias a la técnica aunque el precio que ofrecían no fuera de los más bajos. Sirva como ejemplo uno de los contratos más importantes en carreteras que se concedieron a finales de 2015: la circunvalación sur de Albacete en la Autovía A-32. Aquella licitación fue adjudicada a Ferrovial y CHM por 57,2 millones de euros, a pesar de que su oferta económica era peor que la de otros seis candidatos. Para llevarse el contrato hizo valer su planteamiento técnico, el mejor de todos los ofertantes que no incurrieron en temeridad. Con el nuevo modelo, el adjudicatario habría sido Levantina Ingen, que presentó el mejor precio pero su puntuación técnica ocupó el décimo puesto.

En un contexto de escasez de inversiones públicas la acentuación de las bajas se antoja inevitable. Esto ahorrará en el gasto, objetivo prioritario del Ministerio de Hacienda para cumplir con los objetivos de déficit público. La medida de Fomento viene obligada precisamente por una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recuross Contractuales (TACRC), dependiente de Hacienda.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró ayer a El Economista en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil que el TACRC “es un órgano de revisión administrativa que considera que se debe proceder a una modificación de uno de los aspectos de valoración de las ofertas económicas y seguiremos el criterio que ha manifestado el tribunal”.

Fuente: El Economista.