LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA RECLAMAN UN PRECIO MÍNIMO EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS PARA EVITAR PRÁCTICAS ILEGALES.

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La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) reclamó este martes que se modifique la legislación actual en materia de contratación pública para fijar un “precio mínimo de salida” en las licitaciones de servicios, con el objetivo de “evitar prácticas ilegales” por parte de empresas que no están “suficientemente preparadas”.

Así lo reclamó el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, en la presentación de un estudio elaborado por Deloitte sobre la situación del sector de la limpieza, en la que también participó el presidente de CEOE, Juan Rosell.

En su intervención, Rosell defendió que “el precio no lo es todo” en la adjudicación de este tipo de servicios, y advirtió de que, si así fuera, “la calidad se puede ver deteriorada, en especial en un sector como este, en el que la mayor parte del coste es coste de personal”.

En este sentido, el presidente de CEOE hizo hincapié en la importancia de la negociación colectiva, dada la relevancia que tiene el coste de personal en el sector.

En su opinión, “de cara al futuro hay que cambiar más cosas” para evitar que el sector sea excesivamente rígido, ya que esa “poca flexibilidad” derivaría en que “no se pueda hacer lo que está establecido en los convenios colectivos”.

Por su parte, Díez de los Ríos aseguró que considerar el precio cómo único criterio de valoración en la adjudicación de contratos lleva “a la ineficiencia del servicio y al uso de los recursos de forma no adecuada”.

“Nadie se plantea cuál es el coste de limpiar poco o de hacerlo peor”, subrayó el presidente de Aspel, quien agregó que “la compra de servicios de limpieza es una inversión rentable para el mantenimiento de los activos que crea valor y hace sostenibles los espacios que limpiamos”.

El estudio elaborado por Deloitte muestra que, en la práctica, los procedimientos que formalmente se revisten con la forma de concurso terminan por convertirse en subastas encubiertas, “utilizando como único criterio de selección el precio”.

Entre sus peticiones, Aspel reclama, además de establecer un precio de salida mínimo que cubra los costes de personal, que se excluya directamente de los concursos públicos a las empresas “cuyos precios no soporten ese coste de personal y los demás costes necesarios para la prestación del servicio”.

Así, defiende que los concursos se deberían adjudicar “desde el punto de vista de los resultados, con un enfoque en el que se prime la calidad y la sostenibilidad del servicio”.

Fuente: El Economista

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