El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno foral a dictar instrucciones para que la contratación pública de todos los productos y servicios alimenticios destinados a colegios públicos, hospitales, residencias y demás centros públicos “sea de proximidad y preferiblemente ecológica”.

Y ello, como forma de “contribuir a la estabilidad y el desarrollo” de un sector esencial para “generar empleo y mantener los asentamientos” de las zonas rurales

La resolución emplaza también al Ejecutivo Foral a “definir e introducir cláusulas sociales y medioambientales en los procedimientos de licitación, a fin de que en la adquisición de esos productos o contratación de esos servicios se atienda no solamente al precio como criterio de adjudicación, sino que se valoren también los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas”.

Entre los aspectos sociales y medioambientales a tener en cuenta se citan las cláusulas relativas a igualdad: porcentaje de trabajadoras en la empresa, medidas de conciliación de la vida personal y laboral y medidas preventivas de conductas de acoso sexual o por razón de sexo; y las cláusulas relativas al fomento del empleo local.

Otros aspectos a tener en cuenta son la contratación de un porcentaje de personas trabajadoras a través de los Centros de Empleo territoriales, contratación de personas inscritas en las oficinas de empleo, porcentajes elevados de contratación indefinida y fomento de acciones formativas en las personas trabajadoras adscritas al servicio adjudicado.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Podemos-Ahal Dugu defiende la “contratación pública” como una de las medidas que pueden adoptar las Administraciones para “contribuir a la estabilidad y el desarrollo” de un sector que, como el agrícola y ganadero, resulta esencial sacar de la crisis para “preservar su importancia como generador de empleo y escudo contra la despoblación de las zonas rurales”.

En ese sentido, se apuesta por los productos agroalimentarios de proximidad y se apela a las directivas europeas favorables a la “compra pública responsable”, con el fin de emular a países que, como Francia e Italia, apuestan por la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los servicios de comedores escolares y hospitalarios.

El proponente asegura que la Administración Pública debe “liderar la responsabilidad social de las empresas sirviendo al interés general y contribuyendo a construir mercados más sostenibles y sociedades más inclusivas”.

Fuente: ABC.es