¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CONTRATOS MENORES?

Mientras se destapan escándalos millonarios y la lista de grandes tramas corruptas ligadas al Partido Popular aumenta de manera exponencial, en el Ayuntamiento de Madrid se analizan con lupa los contratos menores que en la mayoría de los casos no llegan ni a los 10.000 euros. Nos parece bien, de hecho somos nosotros los que hemos facilitado el seguimiento de esos contratos con su publicación mensual en datos abiertos desde el pasado octubre. Se hace un seguimiento exhaustivo de esos contratos menores y nos alegramos de que así sea a pesar de que no supongan más que el 1,6% del gasto total del Ayuntamiento. Somos los primeros partidarios en arrojar algo de luz acerca de este procedimiento legal y necesario que existe en todas las administraciones públicas y en proponer cambios para avanzar en su transparencia.

Los contratos menores se definen, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, exclusivamente en función de su cuantía (hasta 50.000 euros IVA excluido para los contratos de obras y hasta 18.000 euros IVA excluido para el resto de contratos). Se caracterizan porque se pueden adjudicar directamente a cualquier prestador de servicio con capacidad de obrar.

En cuanto a la tramitación del expediente, la ley sólo exige la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura. Así pues, todas las administraciones -no sólo el municipio de Madrid- utilizan este procedimiento para conseguir una mayor eficacia en la gestión, que se produce a través de la simplificación procedimental evitando rigideces excesivas y otorgando al órgano de contratación cierta flexibilidad.

Así pues, podemos afirmar que la contratación menor es un mecanismo que satisface necesidades puntuales propias de la gestión pública. No obstante, el contrato menor supone una excepción a los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación y por tanto su utilización debe hacerse con el debido rigor y control que eviten un uso indebido del mismo.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Instrucción 3/2012 que establece las medidas a adoptar en relación con la contención del gasto, delimitó los supuestos de aplicación del contrato menor, refiriéndolos a necesidades puntuales y perfectamente definidas y estableciendo, como medida para favorecer la concurrencia y una mayor eficiencia en el gasto, la exigencia de tres presupuestos como mínimo en la tramitación de los contratos menores de importe superior a 1.000 euros. Más del 50% de los contratos menores que se ejecutaron en 2015 participan de esta naturaleza: pequeños suministros de material de ferretería, aceite para motores, pequeños electrodomésticos para centros municipales, pago de conferencias puntuales, pequeñas reparaciones de maquinaria, servicios de auditoría concretos…

En la actualidad, el número de contratos menores tramitado supera los 4.500 anuales. Sin embargo, el gasto que representan sobre el presupuesto total destinado a la contratación pública, el pasado ejercicio, representó el 1,6 % del total. Lo que demuestra que la contratación menor en el Ayuntamiento de Madrid se corresponde principalmente con gastos de muy escasa cuantía: en el ejercicio 2015 ,el 75% de los contratos menores correspondieron a gastos inferiores a 3.000 euros.

Por supuesto, queremos seguir avanzando en transparencia y como prueba de nuestra preocupación por ello, véase el hecho de que con carácter mensual y formato abierto y reutilizable, a través del portal de datos abiertos, ya se está publicando la información relativa a los contratos menores, que incluye el centro gestor, número de expediente, objeto del contrato, tipo de contrato menor, adjudicatario, importe y fecha de aprobación. Esto sin olvidar otros datos relacionados con la actividad contractual y que se pueden encontrar enhttp://datos.madrid.es.

La función social del Ayuntamiento como ente contratador de bienes y servicios es una prioridad para este equipo de Gobierno, como lo demuestra que para la gran mayoría de los 1500 millones de euros de media anual que en ello invertimos, es decir, para las contrataciones de gran tamaño, se está aplicando desde éste un decreto de inclusión de cláusulas sociales. Porque nos importa garantizar la transparencia y la calidad en la prestación de servicios es por lo que continuaremos trabajando para mejorar aún más, sin dejar pasar la oportunidad de detenernos a explicar a la ciudadanía con este artículo todo lo que hemos avanzado en esta materia en los primeros ocho meses de este Gobierno del cambio.

Carlos Sánchez Mato es delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: EL MUNDO

Deja un comentario