SUBSANACIÓN DEL DEUC.

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución n.º 115/2024, de 1 de febrero, resuelve un recurso especial en materia de contratación contra la exclusión dictada por razón de que la empresa recurrente incluyó por error la referencia a la intención de subcontratar en el DEUC.

Tal y como desarrolla el Tribunal, conviene, en primer lugar, exponer su doctrina sobre el valor del DEUC y las posibilidades de subsanación del mismo, doctrina que puede resumirse en las siguientes afirmaciones:

a) El DEUC debe considerarse un requisito formal en cuanto a forma de acreditar los requisitos de aptitud para contratar, que ha venido a sustituir las declaraciones responsables (Resolución 1278/2019 de 11 de noviembre).

No forma parte de la oferta, sino de la proposición. Como se dijo en la Resolución 167/2019 de 22 de febrero,

“Por tanto, si el órgano de contratación consideraba que no se acreditaba suficientemente la solvencia, debió conceder dicho trámite, sin que a ello quepa oponer el principio de inmodificabilidad de la oferta porque, en sentido estricto, el DEUC no es propiamente parte de la oferta, sino un medio de simplificar la tramitación, aunque sí forma parte de la proposición ya que sólo tendrá que acreditar la solvencia (y demás requisitos de aptitud) el licitador propuesto como adjudicatario.

Así pues, aun en el caso de que se considerase que efectivamente hubo error en el DEUC, debió concederse trámite de subsanación y permitirse acreditar la solvencia por los medios de la filial.”

b) Como regla general, se ha afirmado la posibilidad de subsanar el DEUC:

“(…) al tratarse de un simple medio de constatación provisional de las condiciones de los licitadores para participar en la adjudicación, de modo que la acreditación definitiva de las mismas la debe realizar únicamente el adjudicatario en el trámite del artículo 150.2 de la LCSP”.

Por otro lado, como se ha dicho en la Resolución 3/2024, de 11 de enero:

“[n]o tiene mucho sentido que quien pretende participar en un procedimiento, y sin necesidad de aportar justificación, declare que no cumple con los mínimos exigidos”.

Lo que abona la conclusión de que, como regla general, el órgano de contratación debe requerir la subsanación del DEUC cuando el licitador manifieste, contra toda lógica, que no cumple las condiciones para participar en la licitación.

El DEUC es, como dice el Anexo I del Reglamento de Ejecución 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación:

(…) una declaración de los operadores económicos interesados que sirve de prueba preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, constituye una declaración formal por la que el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes, así como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el número de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Su objetivo es reducir las cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección.

Es, por lo tanto, una declaración responsable (artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) normalizada a efectos de:

“evitar cargas administrativas a los poderes y entidades adjudicadores, así como posibles indicaciones contradictorias en los diferentes pliegos de la contratación”

(Considerando 3 del Reglamento de Ejecución 2016/7). En cuanto a tal, incorpora varias declaraciones que manifiestan que el licitador cumple con los requisitos de aptitud para contratar exigidos por el órgano de contratación en el PCAP.

El apartado D de la parte II del DEUC incorpora la “información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador económico”, bien que a los solos efectos de que, de manifestar el licitador que va a subcontratar parte de las prestaciones, declare igualmente la aptitud de los subcontratistas para ejecutar las prestaciones correspondientes y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar, adelantando así el trámite contemplado en el artículo 215.2.b) de la LCSP.

En definitiva, dado que la declaración del recurrente, en cuanto no forma parte de la oferta, ni está concebida en puridad como una declaración de voluntad sino más bien como una fórmula para adelantar el cumplimiento de los requerimientos documentales asociados a la subcontratación, procede concluir que el órgano de contratación debiera haber dado a aquel la posibilidad de subsanar el DEUC, lo que lleva a la estimación de la alegación y, con ella, del recurso.

La estimación del recurso conlleva en este caso la anulación del procedimiento de licitación. Habiéndose abierto y valorado las ofertas evaluables mediante fórmulas del licitador subsistente (una vez decretada la exclusión del recurrente), una nueva valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor no resulta posible, en tanto ha quedado comprometida la objetividad del órgano de contratación (Resolución 1621/2023 de 14 de diciembre, por todas).