Las Directivas europeas sobre contratos públicos enumeran, a modo de ejemplo, una serie de criterios en los que los poderes adjudicadores pueden basarse para determinar la oferta que resulte más ventajosa desde el punto de vista económico; como son el precio, el plazo de entrega o ejecución, el coste de utilización, la rentabilidad, la calidad,
Nos encontramos en muchas ocasiones con que las empresas se enfrentan a unos pliegos que utilizan como criterios de valoración cuestiones que llaman la atención, ya que no implican la mejora de la prestación del servicio, suministro u obra y, sin embargo, pueden afectar a sus posibilidades de adjudicarse el contrato de salida y