. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 480/2021, de 30 de abril, estudia las características legales que deben revestir los criterios sociales de adjudicación. En el asunto tratado por el Tribunal la asociación recurrente dirige su pretensión anulatoria a los siguientes criterios de adjudicación del contrato, establecidos en la cláusula tercera
. Se plantean a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un conjunto de cuestiones referidas a la interpretación del supuesto previsto en el artículo 149.2.b) de la LCSP, respecto al ámbito de discrecionalidad del órgano de contratación en la definición de los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una
. Según el artículo 146.2 LCSP, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en los que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. La citada evaluación previa se hará pública en el acto en
– Traemos a examen varias cuestiones referidas a la suficiencia de los costes medioambientales y sociales de las ofertas de los licitadores, a su valoración por el órgano de contratación y a la posibilidad de excluir alguna oferta en un procedimiento de adjudicación a la vista del resultado de la valoración efectuada. La primera cuestión
En la reciente Resolución nº 1224/2019, de 17 de diciembre de 2019, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES trata de el tema de la valoración de criterios y subcriterios. El Tribunal vuelve a fijar su posición sobre la aplicación de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como los
La nueva LCSP establece que deben ser prioritarios o darse preponderancia a los criterios de valoración y adjudicación de las ofertas de tipo objetivo: es decir aquellos que hagan referencia al objeto del contrato, pero que puedan medirse con cifras o porcentajes obtenidas mediante fórmulas establecidas en los pliegos. Eso es debido al espíritu
La ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece unos principios generales al respecto de los criterios de valoración de ofertas, no aplicando forzosamente porcentajes máximos o mínimos entre criterios objetivos (valorables mediante cifras o porcentajes) y criterios subjetivos (valorables mediante juicio de valor): – La adjudicación se realizará preferentemente utilizando una pluralidad de