La transposición de las nuevas Directivas de contratación pública de 2014 (cuyo plazo finalizó el 18 de abril de este año) ha reactivado la polémica sobre la supervivencia del contrato de gestión de servicios públicos. Se trata de una discusión doctrinal que trae causa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea