. En su Resolución 189/2023, de 9 de febrero, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía resuelve un recurso contra la adjudicación de un acuerdo marco de suministro, basado en la vulneración de los pliegos y en la nulidad de la adjudicación, por cuanto a juicio del recurrente, el dializador ofertado
. La Resolución 190/2022 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO), de 29 de noviembre, trata el tema de la aplicación de los códigos CPV –Vocabulario Común de Contratos Públicos- para determinar la similitud de la experiencia acreditada mediante contratos anteriormente ejecutados. Así, dice el OARC que debe ser
. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Resolución 241/2022, de 28 de septiembre, resuelve un Recurso contra la exclusión de la licitadora propuesta como adjudicataria cuya oferta se da por retirada al no haber cumplimentado adecuadamente el requerimiento de documentación previsto por el artículo 150.2 de la
. El certificado “Fent Empresa Iguals en oportunitats” u otro equivalente no puede ser exigido como criterio de solvencia técnica o profesional. Las acciones orientadas a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo tienen cabida como condiciones especiales de ejecución. Esta es la conclusión de la Resolución 719/2022, de 16 de junio,
. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-195/21 (31/03/22) Ref.- UE125, trata, entre otras cuestiones, sobre los requisitos de la solvencia técnica y profesional. Concretamente, el órgano jurisdiccional búlgaro remitente pregunta, en esencia, si el artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24, debe interpretarse en el sentido de que, en
. En la Resolución 519/2021, de 12 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se resuelve el recurso contra la exclusión de un licitador propuesto como adjudicatario de un acuerdo marco de servicios de “Cursos de formación”, por no acreditar la solvencia técnica exigida en el Pliego de Cláusulas
. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en su Resolución n.º 276/2020, de 24 de noviembre, hace un repaso exhaustivo sobre la proporcionalidad de la solvencia técnica exigida en los pliegos de cláusulas administrativas. El recurso presentado estaba basado en la configuración de la solvencia, que los recurrentes consideran
. La cuestión que se plantea consiste en determinar si se ajusta al ordenamiento jurídico el acto administrativo por el que la Mesa de Contratación excluye del procedimiento de adjudicación a una licitadora, porque, a pesar de haber ejercido su derecho de integrar su solvencia técnica mediante el empleo de capacidades y medios de terceros
. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece en su artículo 82 que la clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. Añade la ley, no obstante, que “para la conservación
La exigencia de experiencia en contratos con la Administración, como requisito de solvencia técnica o profesional, vulnera los principios de libre concurrencia e igualdad y no discriminación. El Acuerdo 32/2018, de 10 de mayo, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, resuelve un incidente de nulidad planteado por el Tribunal al apreciar de