UN MODELO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.

Un modelo de Contratación Pública Eficiente.

Para acertar estamos obligados a interpretar el signo de los tiempos y tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana. Por ello debemos adaptarnos a la mayor velocidad a los nuevos paradigmas si queremos ser eficientes y construir un buen futuro para nuestro país. Con ese objetivo debemos empezar a analizar un cambio profundo en los modelos de contratación pública, una importante iniciativa que nos permitirá de una vez por todas desterrar la subasta como único valor en la adjudicación de los contratos de las grandes obras públicas y de ingeniería.

Este es pues el debate y cuanto antes profundicemos mucho mejor para todos, para nuestros profesionales, lo mismo que para las empresas y, desde luego, para la propia Administración pública. Es decir, en consecuencia, mucho mejor para el conjunto de la sociedad.

Necesitamos otro modelo de contratación. Si nos preguntáramos dentro de unos años qué tuvo de positivo para España la larga y profunda crisis económica que hemos padecido y cuyas consecuencias aún sufrimos, la respuesta que nos gustaría obtener es que sacamos la conclusión de que efectivamente tenemos que cambiar nuestra forma de actuar.

El actual modelo, basado en buscar la competencia vía precio, es decir, haciendo las cosas más baratas, está periclitado y debemos abordar el nuevo paradigma, que necesariamente se impondrá en el próximo ciclo, en el que estamos obligados a competir por valor añadido, haciendo las cosas mejor. Esto es, ponderar la experiencia, la calidad, el trabajo bien hecho, aunque no siempre conforme la oferta más barata. Transitar de un modelo a otro, aun asumiendo que ninguno de los dos contiene todas las claves del éxito, implica una transformación importante que deberíamos acometer desde ahora: innovación, internacionalización, economía del conocimiento, reducción, condiciones que nos permitirán entrar en la modernidad y ganar el futuro.

Por ello, la Unión Europea aborda este cambio sin dilación con las nuevas directivas comunitarias que será preciso transponer a nuestra legislación en un plazo que en principio expira en abril de este año.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, conscientes del calado de esta decisión, hace tiempo que nos pusimos manos a la obra y ha sido uno de los aspectos que hemos debatido a fondo con nuestras autoridades. Hace ahora más de un año, celebramos una jornada con una destacada participación de nuestra Administración y con relevantes ponentes de la UE. También en el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, celebrado el pasado verano en la UIMP de Santander, tuvimos ocasión de tratar la cuestión y lo volveremos a hacer en la gran cita internacional del Congreso de Ingeniería Civil que celebramos en Madrid el próximo mes de marzo. En todos estos casos, para llegar a la misma conclusión: el precio no debe seguir siendo el elemento único o sustancial de la contratación, ni siquiera el más importante, ya que razones de todo tipo, económicas, de justicia y, sobre todo, de eficiencia nos obligan a fijar un modelo que centre su atención en el valor de las empresas que ofrecen la garantía de un trabajo de calidad, que ofrezca confianza y certidumbres antes que un apriorístico abaratamiento que acaba suponiendo una mayor carestía al destinar los recursos en la dirección contraria a lo que demanda un cuadro basado en la calidad de las obras que se llevan a cabo o los servicios que se prestan.

El objetivo es, pues, que la reforma de los modelos de contratación permita que se alcance una mejor relación calidad precio en los contratos públicos, como concepto global más útil y moderno que la tradicional oferta económicamente más ventajosa, utilizada hasta ahora en exceso. Así, el precio cede una gran parte de su relevancia a parámetros más fiables de selección como aquellos que fomentan la excelencia por el uso de criterios de calidad, de interés ambiental o social y de innovación.

Sabemos que frente al coste global de las grandes obras públicas, la consultoría de ingeniería representa la parte más pequeña de la inversión y es –al mismo tiempo– la que tiene más repercusión en el resultado final del producto. En consecuencia, es clave para la calidad que la ingeniería tenga más repercusión en la adjudicación, como así ocurre en los países más desarrollados y con economías muy competitivas, en los que se prima sobre todo la oferta técnica por delante del precio.

En resumen, debemos acabar con el automatismo en la adjudicación de la inversión pública, ya que esta debe ser considerada como una herramienta de vertebración territorial que sirva al bienestar y al desarrollo socioeconómico del país. Por tanto, confiamos que la transposición de las directivas sirva para revisar las normas vigentes y simplificar, modernizar y mejorar la eficiencia de los procedimientos de contratación. Para ello, en todo este proceso, nuestro colegio, fiel al objetivo de situarse en el centro mismo del debate nacional de los grandes temas, se ha ofrecido –y lo sigue haciendo– para que la transposición de las directivas comunitarias de contratación pública sea viable, transparente, operativa y clara, todo ello con el gran objetivo de país de relanzar la inversión para recuperar la economía y el empleo.

Juan A. Santamera Sánchez es Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fuente: Cinco Días

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