VALORACIÓN TÉCNICA. NO QUEDA CONDICIONADA POR LA OBTENIDA EN UNA LICITACIÓN ANTERIOR.

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Sobre la valoración técnica de las ofertas por el órgano de contratación y su motivación trata el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución nº 1519/2023, de 23 de noviembre, en la que resuelve una impugnación contra el acuerdo de adjudicación de un contrato de servicios.

El recurso se fundamenta en la valoración recibida, en su día, por la oferta presentada por la empresa recurrente en la licitación del actual contrato que se encuentra en vigor, y la compara con la valoración que se recibe en el expediente que se ha tramitado para el nuevo contrato, discrepando la puntuación recibida en la aplicación de la valoración mediante criterios sometidos a juicios de valor, así como la motivación del informe de valoración emitido por los servicios del órgano contratación.

En primer lugar, alega el recurso que se incurre en nulidad, o anulabilidad subsidiariamente, pues la motivación del informe de valoración es la misma en ambas licitaciones, en la que intervienen los mismos licitadores, y con un criterio idéntico en ambos pliegos, las puntuaciones difieren, otorgándose el máximo de puntuación a la empresa XXXX, S.A., obteniendo su oferta en la primera licitación la valoración de excelente, y en la segunda, la valoración de suficiente, a pesar de que para el mismo criterio se presentó la misma documentación, sin que el informe de valoración aporte alguna novedad para su justificación.

Así, razona el recurso que, siendo la misma motivación en la licitación del año 2020, por algún motivo la calificación es diferente, y ello a pesar de que la situación de la recurrente es mejor que en el año 2020 al concurrir en UTE con otras empresas, lo que incrementa el número de puestos de trabajo. Se alega en el escrito que, habiendo obtenido mayor puntuación en la valoración realizada mediante criterios automáticos, ha sido la menor puntuación en los criterios evaluables mediante juicio de valor la que ha determinado la adjudicación del contrato a favor de la empresa XXXX, S.A. que hasta 2020 siempre había sido la adjudicataria del contrato de servicios de impresión. Por tanto, la adjudicación resulta inmotivada, al carecer el informe emitido de una motivación razonable y suficiente que apoye el cambio de valoración de la oferta presentada por la recurrente.

Entrando a examinar el fondo del recurso, la resolución del tribunal parte necesariamente de rechazar el motivo principal que se esgrime en el mismo y en el que se fundamenta su argumentación. La valoración obtenida en una licitación anterior de un mismo servicio no puede, ni debe, condicionar el expediente de contratación del nuevo contrato y así lo expresamos en la resolución 483/2013 de 30 de octubre de 2023:

“Con carácter previo debe señalarse frente a lo aducido por la recurrente, que la admisión en licitaciones anteriores con idéntica prestación debe determinar que ahora no deba ser excluida de ésta, que este Tribunal debe enjuiciar únicamente la conducta que el poder adjudicador y los licitadores hayan tenido en el seno del procedimiento de adjudicación que le sirve de base. En este sentido, la conducta o decisiones del órgano de contratación en otras licitaciones, aun cuando se trate de la misma prestación referida a ejercicios anteriores, no tiene influencia en la resolución que se dicte en el presente recurso, puesto que, de la misma manera que puede alegarse acierto en sus actuaciones, también podría sostenerse lo contrario, y en el ámbito de la actuación administrativa un error en procedimientos anteriores no vincula la actuación de la Administración en posteriores procedimientos. Además, en el caso que nos ocupa, ello sería claramente contrario a principios fundamentales en la contratación pública, como son los de igualdad y no discriminación, en cuanto que incumplimientos iguales, como podría ser, en este caso, la falta de capacidad de obrar, determinaría la admisión –indebida- al procedimiento de licitadores por el mero hecho de haber sido admitidos en procedimientos anteriores (aun cuando no cumplan con el requisito de capacidad) y la exclusión de otros precisamente por igual incumplimiento pero que no participaron o fueron inadmitidos en esos mismos procedimientos celebrados con anterioridad”

Máxime si nos encontramos ante valoraciones presididas por juicios de valor donde, examinada la documentación aportada, así como la que ya obra en el expediente administrativo, no existe identidad ni en la composición de la Mesa de Contratación, ni en la autoría del informe de valoración, además de que no coinciden exactamente ambos pliegos, habiendo diferencias entre ambos, como antes se ha destacado. La subjetividad que preside o rige la valoración realizada por los distintos miembros de la mesa de Contratación es diferente, y por ello es jurídicamente admisible que un mismo documento no tenga por qué tener idéntica puntuación en uno u otro expediente de contratación. Olvida la empresa recurrente que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor es de apreciación discrecional por los órganos técnicos de la Administración (resolución 858/2023, de 28 de junio) por quererlo así el legislador, y por ello, es admisible en derecho que una misma oferta para un contrato distinto con idéntico objeto reciba diferente valoración.

En cuanto a la falta de motivación del informe técnico, debemos recordar el criterio de este Tribunal sentado al respecto (por todas, resolución 1297/2023, de 5 de octubre y resolución nº 707/2020, de 19 de junio), según el cual no es preciso que los informes técnicos contengan un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que sea racional, así como de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser por ello sucintos siempre que sean suficientes (STC 37/1982, de 16 junio, STS de 9 de junio de 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo de 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero de 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero de 2000).

Examinado el informe de valoración, el tribunal constata que este se ajusta a lo dicho con anterioridad, pues da a conocer sobradamente al recurrente los motivos por los que ha recibido su oferta la concreta valoración en el apartado los criterios sujetos a juicios de valor, no pudiendo sino concluirse que está debidamente motivado. Y ello es así aunque su redacción sea similar a la del informe de valoración emitido en la anterior licitación (que, por cierto, no critica la recurrente por falta de motivación), pues la similitud en la redacción no supone por si sola que esta sea incorrecta o no se ajuste al juicio de valor formado y emitido por los servicios de valoración del órgano de contratación.

Por otro lado, en cuanto a la impugnación de las valoraciones realizadas en los criterios sujetos a juicios de valor, debemos decir que reiteradamente hemos señalado, de modo reciente en la resolución 1329/2023, 20 de octubre, y 841/2023, de 22 de junio, que la Administración goza de discrecionalidad técnica, aun cuando esta doctrina se considere manida en desafortunadas palabras del recurrente. De forma que el criterio asumido por la Administración, siguiendo informes técnicos, solo puede ser revisado en caso de ser manifiestamente erróneos o infundados o incurra en arbitrariedad.

En este sentido, este Tribunal, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha analizado en diversas resoluciones la discrecionalidad técnica de la Administración a la hora de aplicar los criterios basados en juicio de valor, señalando que (resolución 559/2018 de 8 de junio):

 “Expuesto lo anterior, procede traer a colación la doctrina de este Tribunal en relación con la denominada discrecionalidad técnica de la Administración. Venimos manifestando al respecto que, tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal, sino que este análisis, en la medida en que entrañe criterios técnicos, como es el caso, debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que finalmente no se haya incurrido en error material al efectuarla. Así, por ejemplo, en la Resolución n° 516/2016 ya razonábamos que “la función de este Tribunal no es la de suplantar el acierto técnico en la valoración de las propuestas técnicas, sino comprobar que tal valoración se ha ajustado a la legalidad, por ser coherente con los pliegos y la normativa de aplicación, y por ser suficientemente motivada. El recurso se fundamenta sobre lo que son discrepancias en juicios de valor, no de legalidad. No han de coincidir el ofertante y el órgano de contratación sobre qué solución técnica pueda ser mejor”. Y, en dicha línea, y con cita de otras previas resoluciones del Tribunal, veníamos a señalar que, sobre la aplicación de los criterios de valoración a los elementos evaluables mediante juicio de valor, “el análisis ha de quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, que en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios, o que no se haya incurrido en error material que pueda afectarla”.

Por tanto, en el presente caso, el análisis de este Tribunal debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios o que, finalmente, no se haya incurrido en error material al efectuarla.

Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración (resolución 487/2023, de 20 de abril).

Partiendo de la doctrina anterior, y habiendo rechazado ya la falta de motivación alegada por la empresa recurrente, debemos indicar que no es posible para este Tribunal revisar el contenido del motivo que justifica la valoración recibida por la oferta de la empresa en los puntos sometidos a examen, pues como único motivo admisible para su revisión se esgrime el de arbitrariedad en la valoración, el cual se sustenta en la igualdad de contenido con el documento presentado en la anterior licitación. Por lo que, habiéndose rechazado que esta identidad pueda ser un argumento válido para impugnar la valoración, no cabe sino rechazar, también, que se haya incurrido en arbitrariedad por esta misma causa. En consecuencia, no habiéndose invocado ninguna otra causa que habilite al Tribunal entrar a valorar el criterio técnico expresado, debe confirmarse la valoración técnica que ha sido asumida por el órgano de contratación como propia y rechazarse con ello la impugnación del recurso.